Convocatòries de subvencions i ajudes

 Subvencions del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-6)

 DESCRIPCIÓ:

Adquisició de vehicles nous de la categoria M1 (vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyades i fabricades per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim) o de la categoria N1 (vehicles amb una massa màxima que no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies), matriculats a Espanya.

Quantia:

La quantia de l'ajuda pública aportada per l'IDAE en aquest programa serà de 1.000 euros per vehicle.

Aquesta ajuda pujarà fins a 1.500 euros per vehicle en el cas de vehicles de categoria turisme (M1) de més de cinc places i de categoria comercial lleuger (N1).

 

El Supremo anuló más de 25 Expedientes de Regulación de Empleo

El Supremo anuló más de 25 Expedientes de Regulación de Empleo

(Expansión, 06-01-2015)

El Tribunal Supremo ya ha tumbado 25 ERES desde que se aprobó la nueva reforma laboral por allá en 2012. Los despidos colectivos han generado un aluvión de sentencias durante el último año. La sala de lo social del Tribunal Supremo (TS) dictó 79 fallos en recursos de casación relativos a estos procedimientos desde marzo de 2013, cuando aplicó por primera vez la reforma laboral de febrero de 2012.

No obstante, la resolución más importante del Alto Tribunal fue la del 19 de diciembre que hizo tambalearse a unos de los pilares estrella de la reforma laboral: la ultra actividad de los convenios. El Supremo dictó que seguirán vigentes las condiciones laborales pactadas en los convenios antiguos y caducados, mientras no sean sustituidas por uno nuevo pactado por la empresa y los trabajadores.

 

El Tribunal Supremo permite usar los SMS

El Tribunal Supremo permite usar los SMS

(El País, 30-12-2014)

El Tribunal Supremo ha ratificado la actuación de los padres de la menor Nora Ayala, de 16 años, hallada muerta ante la puerta de su casa en Palma en septiembre 2011, que accedieron y aportaron a la policía los archivos con sus comunicaciones telemáticas, en especial el registro de SMS de su teléfono móvil. La investigación con esos mensajes permitió descubrir que Nora fue víctima junto a otras cuatro chicas de una trama de inducción a la prostitución y a la drogadicción. Los autores fueron condenados a 59 años de prisión por la Audiencia de Palma. Los magistrados piden que se regule "con la máxima urgencia" la intervención de las comunicaciones telemáticas, sobre las que afirma que existe "una laguna".

El Supremo da por buena la condena para los siete responsables de la muerte de Nora, integrantes de una mafia de barrio ligada al tráfico de drogas y la explotación sexual de menores y considera a los acusados autores de los delitos por inducción a la prostitución, corrupción de menores y contra la salud pública.

Los magistrados asumen el uso legítimo y proporcionado de las copias de los mensajes recibidos y transmitidos por la menor, que no fueron borrados por los padres y "que equivalen a la correspondencia que puede ser conservada por la menor entre sus papeles privados".

 

El TS se pronuncia sobre el mantenimiento de las condiciones laborales tras la reforma laboral de 2012

El TS se pronuncia sobre el mantenimiento de las condiciones laborales tras la reforma laboral de 2012

Establece que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución tienen naturaleza jurídica contractual aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia 

Tribunal Supremo

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por mayoría de sus integrantes, se ha pronunciado por primera vez sobre la vigencia del convenio de empresa y el mantenimiento de las condiciones laborales tras la reforma laboral de 2012 y ha establecido que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador por el contrato de trabajo que les vincula. Ello se aplica aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia, pudiendo en su caso ser modificadas si  concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas, según establece el Estatuto de los Trabajadores y ello “sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio”.

En el supuesto que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo, la empresa entendió que al haber trascurrido un año de vigencia prorrogada o ultra-actividad prevista por el nuevo texto legal de 2012, sin que se hubiera suscrito un nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable el anterior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los Trabajadores. De este modo, abonó la nómina del mes entonces en curso –julio 2013- en dos cuantías diferentes: un período a razón del salario anterior, según en el convenio finalizado, por los días en que aún estaba en vigor el convenio y otra cuantía inferior por el período restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores, siempre según la práctica seguida por la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial e, interpuesto recurso de casación por la empresa, ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.

 

 

Hacienda, a por bufetes y colegios de abogados

Hacienda redobla las inspecciones a bufetes y colegios de abogados dentro de la intensificación de su cerco a las sociedades instrumentales de profesionales. Así lo trasladan despachos, colegios y abogados. El escrutinio de la Agencia Tributaria (AEAT) tiene dos frentes: grandes despachos, a los que inspecciona por la facturación de servicios profesionales a través de sociedades interpuestas constituidas por socios del bufete, y firmas pequeñas o unipersonales, de las que pretende obtener información de los colegios.

La Agencia ha intensificado las actuaciones dirigidas a detectar la utilización abusiva de formas societarias en actividades empresariales en sus relaciones con socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas, dirigidas a una disminución improcedente de la tributación global. Con el fin de apoyar estas actuaciones, la AEAT aprobó en 2014 un plan especial, de carácter voluntario, que estableció incentivos a la productividad de todos sus funcionarios y que pretendía recaudar 1.568 millones de euros más. De hecho, los ingresos por la lucha contra el fraude de 2014 han crecido un 12,5%, hasta situarse en los 12.300 millones.

Los requerimientos de Hacienda pretenden hacerse con toda la información y archivos relativos a la clientela. Sin embargo, una inspección intensiva del ordenador de una empresa es susceptible de ser anulada en los tribunales si no se realiza con autorización judicial, ya que se está inspeccionado lo que se considera el domicilio o lugar donde se desarrollan y custodian los secretos y, en el caso de bufetes, en vulneración del secreto profesional.